En octubre de 2021, la administración de Irací Hassler presentó una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra tres exfuncionarios de la Municipalidad de Santiago, acusándolos de los delitos de fraude y falsificación de instrumento público. Según informó El Ciudadano, la querella fue dirigida contra Juan Francisco García, exadministrador municipal; Agustín Romero, exdirector de Asesoría Jurídica y actual diputado del Partido Republicano; y José Ignacio Labbé, exjefe de Gabinete. Todos ellos fueron funcionarios de confianza del exalcalde Felipe Alessandri (2016-2021).
La querella se basó en una revisión de antecedentes relacionados con el pago de trabajos extraordinarios realizados por estos exfuncionarios entre 2017 y 2021. El Ciudadano detalló que no existe constancia de que estos trabajos se hayan ejecutado, ya que no hay registro de que García, Romero o Labbé hayan firmado su ingreso a las dependencias municipales durante los días sábados, domingos y festivos, fechas en las que supuestamente trabajaron.
A raíz de estos hallazgos, el Ministerio Público inició una investigación por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público en contra de los tres exfuncionarios. El Ciudadano también destacó que en 2023 la Municipalidad de Santiago presentó una demanda civil contra ellos, después de que la Contraloría General de la República encontrara irregularidades en los registros de asistencia y en el pago de horas extraordinarias no justificadas. Según El Ciudadano, la Contraloría determinó que los dineros debían ser devueltos, pero hasta la fecha, ni García, ni Labbé, ni Romero han restituido los pagos correspondientes: Romero debe $11.320.978, García $13.918.846 y Labbé $11.112.008.
En diálogo con El Ciudadano, la Municipalidad de Santiago confirmó que, a pesar del dictamen de la Contraloría, los montos adeudados por concepto de horas extras no justificadas aún no han sido restituidos. Además, El Ciudadano informó que en el caso del diputado Romero, la causa está siendo llevada por la ministra de fuero María Loreto Gutiérrez Alvear, quien en junio de este año dio por frustrado un intento de conciliación y está próxima a establecer los puntos de prueba para dictar sentencia. En cuanto a Juan Francisco García, El Ciudadano señaló que su causa fue archivada debido a que el demandado reside actualmente en Canadá, lo que impidió su notificación. Por otro lado, José Ignacio Labbé presentó una serie de excepciones dilatorias en enero de este año, las cuales fueron rechazadas el 2 de este mes, lo que lo obliga ahora a responder a la demanda.
Finalmente, El Ciudadano subrayó que la Municipalidad de Santiago ha reafirmado que el diputado Agustín Romero aún adeuda más de $11 millones en horas extras no justificadas.