Por: Andrés Giordano Salazar
Solo luego que el Ejecutivo confirmara su intención de suspender las elecciones del 10 y 11 de abril, el gobierno anunció mayores restricciones para proteger a la población de una descontrolada pandemia. Lamentablemente, a todas luces esto fue una respuesta a la afectación de los comicios electorales y no a las dramáticas cifras sanitarias que apuntan al uso de un 95% de las camas críticas, más de 8.000 contagios diarios, 30.000 muertes y un millón de personas infectadas. A partir del 5 de abril comenzaron a regir nuevas medidas como el cierre de fronteras del país por 30 días, limitación a permisos individuales y colectivos, adelanto del toque de queda a las 21 horas, y cambios al concepto de bien y funcionario esencial. Medidas tardías y aparentemente contradictorias de un Gobierno que en toda la prensa internacional aparece dando el ejemplo de lo que no había que realizar durante la etapa inicial de vacunación: otorgar permisos de vacaciones a destajo, mantener la economía prácticamente intacta con más del 80% de los rubros existentes catalogados como esenciales, y con medidas sociales inoportunas e ineficientes, obligando a la mayoría de las personas a romper la cuarentena para subsistir.
Este actuar negligente del peor gobierno en la historia de Chile, más parece un sabotaje deliberado contra la población y el proceso constituyente, que una consecuencia de la mera incompetencia de nuestras autoridades. Hemos logrado sobrevivir esta crisis no gracias al Gobierno, sino a pesar de él, con un altísimo costo en vidas humanas y también económico, principalmente desde los ahorros previsionales y de cesantía de las y los trabajadores. Todo esto, por cierto, mientras las grandes fortunas de Chile y el mundo crecen, incluyendo las del presidente de la República y otros súper ricos.
Teniendo esto en cuenta ¿es realmente contradictorio que gran parte de los rubros registrados en el SII continúen operando? Desde la perspectiva de este gobierno, que empresas como McDonald’s o Starbucks funcionen con miles de trabajadores y trabajadoras en el transporte público a diario, es coherente. Según ellos, se trata de servicios “esenciales” y tanto un Big Mac como un Frapuccino constituyen “bienes esenciales” para la población, adquiridos por medio de aplicaciones como Uber, Rappi o Pedidos Ya, que ni siquiera reconocen relación laboral con sus “trabajadores/as”, a quienes denomina “socios” para justificar la total inexistencia de prestaciones de seguridad social. Este nivel de flexibilidad en las medidas laborales y sanitarias devela un Estado ausente, meramente subsidiario, supeditado a las reglas del mercado, y todas sus políticas sociales, incluyendo la Ley de “Protección” del Empleo (incapaz de proteger a más de un millón de empleos perdidos), IFEs, préstamos y bonos de clase media, siguen la misma línea; sálvese quién pueda.
Pero la contradicción esencial es que gran parte de los trabajadores y trabajadoras “esenciales” -valga la redundancia- nos encontramos en la más absoluta desprotección. Somos esenciales, pero ganamos un sueldo mínimo que no alcanza para vivir. Somos esenciales pero no tenemos voz ni voto en las políticas públicas laborales y sanitarias que se nos aplican, ni en los directorios de las empresas en las que trabajamos. Somos esenciales, pero ni siquiera estamos en la fila para la vacuna. Somos esenciales, pero muchos y muchas ni siquiera podemos acceder a un contrato de trabajo. Somos esenciales, pero al salir a trabajar no tenemos quien cuide a nuestros nuestros hijos/as.
Sin embargo, hemos roto el miedo para terminar con esta hipocresía que sirve para justificar los abusos de la misma élite de siempre. Por todo ello es hora de asumir que las y los trabajadores sí somos esenciales, pero no para sus ganancias, sino en las transformaciones que Chile demanda: podemos partir por una política sanitaria que ponga por delante la vida de las personas, con vacunas para las y los trabajadores “esenciales”; por un sueldo mínimo justo, pensiones dignas y una renta básica universal que nos permita realizar las cuarentenas necesarias y reconozca el trabajo doméstico y de cuidados, para sobrevivir la pandemia más cruda que nuestras generaciones recuerden. De cara a los desafíos que Chile enfrenta, podemos seguir con asegurar la democratización de los directorios de empresas y el fortalecimiento de la libertad sindical, con organizaciones sindicales y negociación colectiva multinivel (por sobre la empresa) y verdadero derecho a huelga. Para terminar, debemos superar el Estado subsidiario y construir uno nuevo, solidario, garante de derechos, y radicalmente democrático.
Mucho por hacer, pero todo con las y los trabajadores.
