En medio de la actual crisis de seguridad que afecta a los municipios de la Región Metropolitana, algunos de ellos han implementado diversas medidas para hacer frente a la problemática delictiva en sus comunas. Uno de estos casos es el de la Municipalidad de Cerrillos, liderada por Lorena Facuse, quien inició en mayo del año pasado el programa «Servicio de Seguridad Preventiva 24/7».
Actualmente, el mencionado programa enfrenta desafíos considerables debido a un sumario interno y a una investigación llevada a cabo por Contraloría, la cual ya ha confirmado que se contrató a diez personas con antecedentes penales para desempeñar funciones en dicho programa, siendo que nueve de ellas cuentan con más de una condena.
Mediante un decreto emitido por la municipalidad, encabezada por Facuse en junio pasado, se oficializó la creación del programa comunitario, cuyo objetivo era integrar agentes comunitarios encargados de proporcionar «servicios de seguridad preventiva» en las instalaciones municipales. La dirección de este programa recaería en la Dirección de Seguridad, la cual se encargaría de la contratación de un total de 57 personas para desempeñar dicha función.
Según el documento municipal, se estableció que las personas contratadas trabajarían desde el 25 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2023, con una remuneración mensual bruta de $650.000.
La situación salió a la luz el pasado 19 de julio cuando la directora interina de la entidad de Seguridad Pública, Pamela Lobos, alertó sobre irregularidades en la contratación de funcionarios, a pesar de que estaban inhabilitados para ejercer sus labores. La razón radica en que diez de los contratados no cumplían con el principio de probidad, ya que presentaron antecedentes penales en el certificado utilizado para su contratación, según lo indicado por la directora jurídica interina, Tamara Gómez.
De acuerdo con lo publicado La Tercera
Contraloría -en tanto- ya revisó los antecedentes y determinó que “los órganos estatales no pueden mantener convenios que puedan comprometer el interés público, el que puede verse afectado si esas contrataciones se acuerda con personas que no reúnen los requisitos de probidad exigidos”.
Dando a lugar que “de acuerdo a las validaciones efectuadas y a los antecedentes analizados por este organismo de control, se evidenció que la Municipalidad de Cerrillos autorizó la contratación de diez personas con antecedentes penales, para desempeñar labores como agentes preventivos en el marco del programa comunitario “Seguridad Preventiva 24/7″.
De esta forma, el municipio tiene un plazo de al menos 15 días hábiles para informar a la entidad acerca del término y resultado del procedimiento disciplinario realizado tras darse a conocer esta irregularidad. Al ser consultada por La Tercera, la Municipalidad de Cerrillos -en tanto- explicó que “para la contratación de estas diez personas nos basamos en el personal de una empresa de seguridad con la que en su momento trabajamos. En los hechos nos hacemos cargo de no corroborar sus antecedentes con antelación”.